Reforma del Estado: Pensar en grande

Catalina Mertz

Instituto de Economía Política Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibañez

En respuesta a los escándalos de corrupción, la Presidenta encomendó a un grupo de expertos que formularan, en un plazo de poco más de dos semanas, un conjunto de proposiciones conducentes a mejorar la eficiencia, responsabilidad pública y calidad profesional de la administración del Estado. Las propuestas evacuadas por el equipo han sido en gran parte acogidas por la Presidenta, quien hizo público su compromiso de presentar los proyectos de ley correspondientes antes del receso de verano del Congreso.Concretamente, se trata de un amplio conjunto de propuestas que pueden ser categorizadas como medidas de transparencia, reformas al Sistema de Alta Dirección Pública, financiamiento de campañas y partidos políticos, reforzamiento de los sistemas de control en el Estado y otras medidas que favorecen la probidad y la transparencia; entre ellas, las denuncias de buena fe y prohibiciones a ex funcionarios, mejoras en la probidad y transparencia en el Parlamento, la regulación del lobby y el perfeccionamiento de los sistemas de compras y contratación pública.Si bien algunas propuestas son la reiteración de iniciativas existentes, pero que no fueron acogidas con anterioridad por las autoridades, se trata, sin duda, de un conjunto importante y acertado de medidas. Su calidad y sustento técnico permiten predecir grandes niveles de acuerdo en su tramitación parlamentaria, y no cabe duda de que pondrán coto a situaciones actualmente permitidas por nuestra legislación e institucionalidad.Sin embargo, y tal como lo declaró el propio equipo de expertos, se trata de "un diseño institucional básico y algunos lineamientos normativos para procurar esos fines". Responden, además, a un encargo específico con plazos y alcances limitados, desde la perspectiva de lo que es factible de hacer ahora, en el corto plazo. Por consiguiente, su impacto también será limitado, pues no se trata, ni se pretendió que así fuese, de una propuesta amplia y de largo plazo que se sustente en un análisis crítico de los arreglos institucionales más gruesos que caracterizan a nuestro actual aparato estatal y que han derivado no sólo en la corrupción y el clientelismo, sino que también en graves problemas sistémicos de gestión, y que posibilitan lo primero. Por ejemplo, en las propuestas se incluye la creación de una serie de instituciones nuevas; entre ellas, una agencia evaluadora de políticas públicas. Cabe preguntarse si la creación de ésta y de las otras instancias mencionadas en la propuesta, que se suman a organismos de evaluación y control ya existentes, son suficientes para lograr mayores niveles de control de gestión y productividad de las instituciones del Estado.Actualmente, existe amplia evidencia respecto de que los múltiples mecanismos de control creados hasta ahora han sido formalmente cumplidos, pero han sido ineficaces en identificar los programas o instituciones que funcionan inadecuadamente y en influir sobre su continuidad, y menos aún en las asignaciones presupuestarias futuras. Chiledeportes, con su excelente evaluación de procesos, es ejemplo de ello.Lo anterior sugiere que si bien una institucionalidad evaluadora independiente puede ser necesaria, no tendrá los efectos deseados si además no se complementa con cambios más radicales en el aparato público. Esto requiere, en varios sectores, como por ejemplo el de la salud pública, desmantelar la actual hipertrofiada maraña de metas por un sistema que priorice los objetivos mediante la creación de directorios que incluyan a todos los representantes sectoriales o institucionales ligados y sintetice sus exigencias, estableciendo un conjunto reducido de metas medibles de gestión, por las que se deben responsabilizar los directivos públicos. Asimismo, estas metas debiesen ser comprensibles y públicas, y la ciudadanía debiese poder realizar su seguimiento. Modelos de gestión como éstos, innovadores para el sector público chileno, pero ampliamente conocidos y aplicados desde hace ya tiempo con éxito en otros países, requieren también mayores niveles de autonomía de dichos directivos públicos para definir sus equipos de trabajo y administrar los fondos que se les asignan.Avanzar en esta dirección implica ampliar los alcances de la discusión y trabajar no sólo en los ajustes menores al actual sistema, lo factible, sino que en los cambios profundos que el Estado chileno requiere; es decir, pensar en grande.