La derecha entiende al revés el tema de la aprobación del TPI
La derecha se equivoca en la forma como observa la cuestión del TPI. Trata de interpretar el problema al revés de cómo debemos discutir esta temática.
El TPI constituye una normativa internacional avalada por Legislación de la misma especie. El derecho de los tratados en el orden internacional, cuestión a la que se ha sometido nuestro país desde siempre, sostiene que serán los Estados los que deberán, una vez adheridos a las convenciones que promueven las instancias internacionales, adecuar su legislación nacional a la internacional y no poner su propia normativa deficiente como barrera para no aprobar la vigencia de legislación internacional.
La cuestión no es la soberanía, no se trata de que alguien pase por encima del Estado chileno, más aún, se trata de que el Estado chileno se inserte en el ámbito internacional sin doble estándar. Si somos capaces de integrarnos al mundo global en lo económico y le sirve tanto a la producción y el crecimiento, con mayor agilidad debemos hacerlo a la normativa que proteja los derechos de las personas.
El TPI ventilará casos referidos a tres delitos tipificados: delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Respecto de los tres existen Convenciones a las que Chile ha adherido. Lo que complica a la derecha es que sean tribunales internacionales los que juzguen delitos que se cometan contra las personas. Los delitos que no se encuentran tipificados en Chile una vez aprobado el TPI deben ser introducidos en la legislación así como de manera constitucional se persigue al Terrorismo y en los códigos sobre penalidad al homicidio, secuestro y otros crímenes brutales.
La ventaja de que exista legislación que sancione los crímenes genéricos contra las personas importa que serán más de una la instancia donde los ciudadanos puedan acceder por justicia.
El TPI se elabora suponiendo que países y/o grupos de países donde se cometen estos crímenes muchas veces no se encuentran plenamente capacitados para enfrentar esos juicios (reconstrucción de democracias, falta de instituciones, carencia de normativa al respecto o credibilidad en la opinión pública respecto de sus tribunales) y la creación de un órgano internacional, independiente y anterior a la comisión de tales delitos asegura justicia imparcial y realista y no sólo declaraciones que se prestan para interpretaciones erróneas luego en su aplicación nacional.
Todavía existe un argumento que establece la importancia de proteger al estado de sí mismo. En efecto el Estado como órgano único de administración de la violencia debe contener mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos efectivamente puedan protegerse de sus errores o eventuales abusos. Las Convenciones internacionales sobre DDHH y el TPI son muestra eficiente de este deber del propio Estado.
Los tribunales chilenos han dado muestra de comenzar a aceptar las decisiones de órganos internacionales de justicia sobre DDHH (v.gr. Fallo Almonacid de la CIDH), así lo ha demostrado en el fallo de la Corte Suprema respecto al caso de l Detenido Desaparecido José Matías Ñanco en el que establece que no se pueden aplicar las figuras de la amnistía y prescripción en este caso de detenido desaparecido ya que se trata de un crimen de lesa humanidad.
El máximo tribunal determinó además que los convenios de guerra de Ginebra están por sobre la legislación nacional y, por lo tanto, es deber del Estado sancionar este tipo de crímenes, considerando que el Juzgado de San José de la Mariquina y la Corte de Apelaciones de Valdivia habían rechazado condenar a los involucrados por considerar que la acción se encontraba prescrita. Este fallo confirma la voluntad de aceptar modernizar la legislación y no mirar con ojos bizcos las cosas para acomodarlas a intereses personales, sino al interés del país completo.
La derecha entiende al revés porque no le conviene en casos de ex militares violadores de DDHH, pero olvida una serie de aplicaciones y seguridades que ofrece respecto a intervenciones de Estado contra Estado, misiones de paz (Como Haití), casos de espionaje internacional, terrorismo, etc. Se equivoca pensando en proteger la nación, queriendo dejarla una vez más en el desamparo.
El TPI constituye una normativa internacional avalada por Legislación de la misma especie. El derecho de los tratados en el orden internacional, cuestión a la que se ha sometido nuestro país desde siempre, sostiene que serán los Estados los que deberán, una vez adheridos a las convenciones que promueven las instancias internacionales, adecuar su legislación nacional a la internacional y no poner su propia normativa deficiente como barrera para no aprobar la vigencia de legislación internacional.
La cuestión no es la soberanía, no se trata de que alguien pase por encima del Estado chileno, más aún, se trata de que el Estado chileno se inserte en el ámbito internacional sin doble estándar. Si somos capaces de integrarnos al mundo global en lo económico y le sirve tanto a la producción y el crecimiento, con mayor agilidad debemos hacerlo a la normativa que proteja los derechos de las personas.
El TPI ventilará casos referidos a tres delitos tipificados: delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Respecto de los tres existen Convenciones a las que Chile ha adherido. Lo que complica a la derecha es que sean tribunales internacionales los que juzguen delitos que se cometan contra las personas. Los delitos que no se encuentran tipificados en Chile una vez aprobado el TPI deben ser introducidos en la legislación así como de manera constitucional se persigue al Terrorismo y en los códigos sobre penalidad al homicidio, secuestro y otros crímenes brutales.
La ventaja de que exista legislación que sancione los crímenes genéricos contra las personas importa que serán más de una la instancia donde los ciudadanos puedan acceder por justicia.
El TPI se elabora suponiendo que países y/o grupos de países donde se cometen estos crímenes muchas veces no se encuentran plenamente capacitados para enfrentar esos juicios (reconstrucción de democracias, falta de instituciones, carencia de normativa al respecto o credibilidad en la opinión pública respecto de sus tribunales) y la creación de un órgano internacional, independiente y anterior a la comisión de tales delitos asegura justicia imparcial y realista y no sólo declaraciones que se prestan para interpretaciones erróneas luego en su aplicación nacional.
Todavía existe un argumento que establece la importancia de proteger al estado de sí mismo. En efecto el Estado como órgano único de administración de la violencia debe contener mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos efectivamente puedan protegerse de sus errores o eventuales abusos. Las Convenciones internacionales sobre DDHH y el TPI son muestra eficiente de este deber del propio Estado.
Los tribunales chilenos han dado muestra de comenzar a aceptar las decisiones de órganos internacionales de justicia sobre DDHH (v.gr. Fallo Almonacid de la CIDH), así lo ha demostrado en el fallo de la Corte Suprema respecto al caso de l Detenido Desaparecido José Matías Ñanco en el que establece que no se pueden aplicar las figuras de la amnistía y prescripción en este caso de detenido desaparecido ya que se trata de un crimen de lesa humanidad.
El máximo tribunal determinó además que los convenios de guerra de Ginebra están por sobre la legislación nacional y, por lo tanto, es deber del Estado sancionar este tipo de crímenes, considerando que el Juzgado de San José de la Mariquina y la Corte de Apelaciones de Valdivia habían rechazado condenar a los involucrados por considerar que la acción se encontraba prescrita. Este fallo confirma la voluntad de aceptar modernizar la legislación y no mirar con ojos bizcos las cosas para acomodarlas a intereses personales, sino al interés del país completo.
La derecha entiende al revés porque no le conviene en casos de ex militares violadores de DDHH, pero olvida una serie de aplicaciones y seguridades que ofrece respecto a intervenciones de Estado contra Estado, misiones de paz (Como Haití), casos de espionaje internacional, terrorismo, etc. Se equivoca pensando en proteger la nación, queriendo dejarla una vez más en el desamparo.
Néstor Morales T.
Pública ONG
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